Según el censo de 2001, Bolivia consta con un 62% de población indígena, en su gran mayoría Quechua y Aimara. Existen 36 naciones originarias en el país.
A pesar de ese tejido social abigarrado, hasta la llegada al poder de Evo Morales y la aprobación de la nueva Constitución (NCPE), el Estado boliviano siguió siendo de tipo monocultural, con instituciones, pautas, procedimientos que solo correspondían a la cultura criolla.
A continuación, vamos a intentar un análisis, poniendo en relación la reforma que creó el nuevo Estado Plurinacional con la teoría de Habermas del patriotismo constitucional. Ese concepto corresponde a la idea según la cual sería necesario un nacionalismo “a mínima” compartido por todos, basados en unos valores comunes necesarios a la acción comunicativa. Deberían entonces existir instituciones cuya defensa sea algo compartido por todos los ciudadanos, más allá de sus diferencias, instituciones que permitan la materialización de los principios abstractos universales. Vamos a ver en que cual en qué medida el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia responde a ese principio o no, y si esa idea es posible en un país tan diverso.
El Estado nación corresponde al caso en el cual el Estado se considera representante de una sola nación. Se trata del punto de vista en el cual el Estado controla completamente un territorio, homogéneo desde el punto de vista cultural y civilizacional. En esa situación, el derecho monista es la expresión del Estado Nación. Por todo el territorio, se establece una sola ley, y todas las personas se transforman en ciudadanos, es decir en individuos aislados que obedecen una misma ley.
Esa situación corresponde a una excepción histórica reciente: los imperios y monarquías que precedieron la aparición en el siglo XVIII-XIX de los Estados Naciones tenían como característica un pluralismo jurídico, donde cada localidad o región establecía su normativa y forma de organización de justicia, de manejo de los recursos, y, en fin, no existía una homogeneización del espacio jurídico.
En realidad, el Estado nación corresponde a una necesidad de la burguesía para articular el dominio político y cultural sobre las distintas poblaciones de manera de subordinarlas y conseguir una estandarización normativa suficiente para facilitar los intercambios en el mercado interno y mundial. Es sintomático que la cultura legítima en los Estados Nación siempre sea la de la burguesía, primero nacional, ahora correspondiendo a pautas internacionales.
Pero es obvio que, en el caso boliviano, en el cual coexisten 36 naciones y la burguesía detentora del capital cultural legitimo solo es una fracción del pueblo boliviano, el Estado Nación corresponde en los hechos a una situación de racismo institucional: se impone una cultura, un marco jurídico/político al conjunto del territorio, sin tomar en cuenta la existencia de otras naciones que ya poseen los suyos, y se ven asimismo negada una presencia en el aparato de Estado a nivel local como nacional.
La solución planteada por el MAS y los movimientos indígenas es, entonces, la del Estado Plurinacional, punto clave de la reforma constitucional. A continuación, vamos a ver en qué consiste ese concepto, y porqué los movimientos indígenas lo plantean.
Lo que esos pueblos plantean es algo muy concreto, es poder manejarse según sus normas políticas, ejercer su propia justicia de acuerdo a sus tradiciones, y manejar los recursos naturales según una autoridad y normativa distinta a la del Estado central. Significa que el Estado ya no puede ejercer su dominio sobre un espacio homogeneizado culturalmente, jurídicamente y políticamente, sino que su espacio de dominación se fragmenta.
Entonces, se reconoce a cada pueblo el derecho a auto organizarse según sus propias normas y a la no marginación de su cultura, pero más allá de ello, los ordenes político-jurídicos de las naciones hasta entonces subordinadas tienen que llegar a formar parte del Estado central.
Esto no significa en el caso boliviano la desaparición del dominio de la burguesía criolla, pero si una gran pérdida de poder e influencia de los sectores dominantes de la población. La normativa indígena comunitaria, de manera concreta, se puede considerar en muchos aspectos como antitética de los mismos fundamentos del Estado liberal. Los derechos de propiedad no son absolutos: uno no puede adueñarse de la tierra, del agua, de los servicios básicos. También la organización política fusiona lo ejecutivo y legislativo, en la asamblea comunal que toma las principales decisiones y se encarga de su cumplimiento. El sistema comunal de rotación de cargos es algo ajeno a la democracia representativa tal como la conocemos. En el fondo, se trata de un sistema de democracia directa y representativa al mismo tiempo, basado en los usos y costumbres, y no de un sistema representativo cuyo fundamento seria la legalidad y la mediación partidaria.
La plurinacionalidad consiste, entonces, a refundar el Estado sobre el reconocimiento de dos formas de organización social: la de los ciudadanos que viven especialmente en áreas urbanas y son parte del modelo de organización liberal republicana, y la de los pueblos indígenas originarios campesinos, con forma de vida diferentes, con organización propia, con formas de elección de sus autoridades y control comunitario del territorio, a través de sus normas y procedimientos.
Significa que los pueblos indígenas originarios campesinos, ahora reconocidos como naciones, deben expresar su acuerdo en toda decisión que se haga en el país y que les afecte, conservando su derecho de consentimiento libre, previo e informado sobre las decisiones contrarias a sus derechos como colectividad. Significa también el reconocimiento del pluralismo jurídico: en el país no hay una sola ley, los pueblos indígenas se norman por sus propias leyes comunitarias. El pluralismo jurídico establece igualdad jerárquica entre la ley del Estado y los pueblos indígenas que deben convivir como iguales. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos se deben reconocer en igualdad de jerarquía que los derechos individuales liberales.
Se materializa principalmente a través de las autonomías indígenas, un modelo de descentralización política administrativa para una mejor articulación de los pueblos y de las regiones con el Estado.
En la nueva constitución boliviana, la Republica se transforma en Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional y Comunitario, y por fin se admite la nueva organización. El artículo 272 de la NCPE reconoce como alcances al régimen autonómico las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva.
El estatus de la Autonomía Indígena Originaria Campesino (AOIC) esta detallado por los siguientes artículos de la NCPE:
Articulo 289: La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organizaciones o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.
Art 290.I : También se aclara que “La conformación de la AOIC se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esas naciones y pueblos indígena originario campesinos; el autogobierno se ejercerá de acuerdo a sus normas, procedimientos, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias conferidas por la NCPE y la LMAD.
Art 291.I : las autonomías indígena originaria campesinas son los territorios originario indígena campesinos, y los municipios, y regiones que adopten tal cualidad
Art292: Cada AOIC elaborara su Estatuto de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la Constitución y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Existen dos enfoques principales de critica a ese proyecta de reforma del Estado boliviano: por un lado, la oposición de derecha, que sigue abogando por un estado “culturalmente neutral”, y por otro lado el indianismo radical, que reprocha al MAS de no haber llegado suficientemente lejos en las reformas.
El punto de vista de la derecha boliviana esta mejor expresado por Henry Oporto, sociólogo y ensayista, en “El cielo por asalto”.
Bolivia no es considerada como un país mayoritariamente indígena sino de cultura mestiza en el cual lo realmente indígena es minoritario, a pesar de no haber logrado homogeneizarse de manera absoluta. Lo que une y tiene que unir a los bolivianos es la idea de nación, y la ciudadanía no tiene que tomar en cuenta elementos de cultura, etnia. Todos tienen que ser iguales frente a la ley y al Estado. La idea de nación, de identidad nacional, está siendo destruida por intereses corporativistas, políticos antisistemistas, grupos de izquierda reconvertidos al indigenismos y ONGs internacionales vinculadas a esos mismos grupos.
La nación y la unidad son necesidades imperativas (sin que se pueda explicar porqué), y los que quieren desmembrar al Estado solo conciben los vínculos del ciudadano a grupos subnacionales como la etnia, la comunidad, sin ser capaces de entender la “gran abstracción” que es Bolivia.
La culpa de esa situación la tienen los bolivianos del occidente (las regiones más indígenas) por no haber sido capaz de internaliza suficientemente “los valores esenciales que hacen al sistema democrático: igualdad de derechos, respeto a la ley, responsabilidad individual, asunción del espacio público como ámbito del interés general, pluralismo político, tolerancia, respeto a las minorías”. Los bolivianos no se perciben ciudadanos, faltan de lealtad con la nación, y su conciencia de identidad nacional es escasa. Cuando desapareció el sistema de partidos, “la democracia institucional se vio desprovista de capacidad efectiva para contrarrestar ese despliegue inusitado de tendencias a la segmentación social y la fragmentación identitaria. De pronto, Bolivia se quedo sin partidos nacionales – en el sentido de presencia territorial y sobre todo de visión nacional -, que sacaran cara y tomaran la defensa de los intereses nacionales, por sobre los intereses de parcialidades territoriales o subnacionales”. Pero la responsabilidad también la tiene la reforma agraria de 1952, que ha sumido a la economía rural del altiplano y los valles en una crisis crónica, provocando una frustración generalizada que a su turno, ha inducido a que sectores del campo, “incluso jóvenes educados de origen campesino, procuren refugio en el retorno mítico a las identidades étnicas ancestrales, lo cual ha alimentado la elaboración de discursos indigenistas y neo izquierdistas que idealizan la comunidad rural y el pasado de las culturas milenarias de los Andes.”
Entonces, la expresión ideológica más acabada de esa tendencia es la nueva constitución “impuesta” por el MAS en la Asamblea Constituyente en 2006-2007 y ratificada mediante referendo el 25 de enero de 2009. “En efecto, con el argumento de superar viejas discriminaciones y exclusiones, lo que esta nueva constitución hace es constitucionalizar derechos desiguales y discriminatorios, reproduciendo un sistema de segregación étnica y cultural. A este tipo de aberración conduce la idea de refundar el Estado a partir de criterios étnicos y de identidades diversas. En estos términos, el derecho a la diversidad se transforma en diversidad de derechos, es decir derechos diferentes, que es todo lo contrario del principio democrático y humanista de la universalidad e igualdad de derechos”. En el mismo ensayo, se opone a la nueva educación plurinacional y a las universidades indígenas (UNIBOL) que dispensan su enseñanza en quechua, aymara, guaraní, por ser una forma de segregar a los indígenas. El uso de lenguas nativas en el proceso de aprendizaje no tiene ningún interés pedagógico, aleja la posibilidad de que los estudiantes puedan aprender idiomas extranjeros como el inglés, y acota el horizonte de oportunidades de esos estudiantes desvinculándolos del uso del español, de lo que él considera siendo “la cultura nacional”.
Ahora, retomemos su argumentación, punto por punto. En primer lugar, se niega de manera muy expeditiva a la existencia de una mayoría indígena en Bolivia. Para Henry Oporto, los “auténticos” indígenas solo son aquellos que manejan a una lengua nativa sin usar al castellano, y por lo tanto solo serian una minoría. Ese enfoque tiene como consecuencia invisibilizar y esencializar al indígena, sin tomar en cuenta la percepción que la mayoría del país tiene de ella misma como indígena. El hecho de presentar a la cultura mestiza como “cultura nacional” solo reproduce un discurso ya viejo de cinco siglos de subalternización de lo indígena, condenado a sobrevivir en un subsuelo político y cultural, según los términos de Luis Tapia.
La nación, el monismo jurídico, la presencia de una sola cultura política, obviamente eurocéntrica, en el Estado, son presentados como una forma de humanismo, una universalidad absoluta. Los valores de la democracia liberal tal como se ejerce en el occidente y tal como existía en el tiempo de la partidocracia, se encuentran presentados como formas políticas transcendentes, cuya superación o modificación significa necesariamente barbaría y atraso. Ese punto de vista representa en realidad un avatar más del colonialismo, todavía vivo en ese inicio de siglo. Se niega a los pueblos indígenas la validez de su forma de concepción de la política, y por lo tanto, la consecuencia es un rechazo absoluto a dejarles manejar sus asuntos internos según sus propias normas. Las únicas pautas políticas aceptables son las de la clase dominante, educada y blanca. Henry Oporto aboga por un Estado culturalmente neutral, sin tomar en cuenta que esa neutralidad en realidad encubre pautas culturales de tipo colonial. Es algo que Habermas no parece haber tomado suficientemente en cuenta: la neutralidad del universalismo liberal se convierte en racismo cuando solo la comparte una minoría nacional. El caso boliviano no es el de minorías étnicas no occidentales, sino a lo contrario de una mayoría indígena y de una minoría con pautas eurocéntricas. Por lo tanto, mostrar patriotismo constitucional a un Estado culturalmente “neutral” (y en realidad de cultura liberal europea) seria para la mayoría indígena de Bolivia dispararse una bala en el pie.
Pero eso no le parece suficiente Henry Oporto, y se hunde aun más en el racismo básico. Si Bolivia se está descomponiendo, eso tiene que ser, obviamente, por culpa de los indígenas. Son incapaces de entender la necesidad de una organización política monocultural, no pueden ver más allá de su comunidad, y para colmo faltan de lealtad a su propio país. Esos argumentos no son nuevos, existen desde la independencia de los países andinos para justificar la subordinación de los indígenas a la sociedad blanca/mestiza.
Era ya un reto difícil llegar tan lejos en la mala fe usando a un lenguaje políticamente correcto y totalmente compatible con los requisitos de la democracia representativa, pero los dos últimos argumentos en contra de la plurinacional transcritos aquí son una verdadera proeza: reconocer la autodeterminación política a los pueblos indígenas es una forma de instituir desigualdad y discriminación. El derecho a la diversidad y la libertad de cada nación a organizarse y dirigirse como mejor lo entiende se encuentra transformado en una forma de discriminación hacia los sectores antes dominantes cuando, en los hechos, siguen y seguirán viviendo bajo un sistema política representativo y liberal, como lo instituye la nueva constitución.
En cuanto a la educación plurinacional, la argumentación de Henry Oporto considera que la enseñanza en quechua, aymara, guaraní, es una forma de discriminación, cuando en realidad se trata de una de las principales reivindicaciones de los movimientos indígenas en todos los países andinos. Y otra vez, resale el colonialismo interno y externo al escribir que el español y el inglés serian más útiles que las lenguas nativas, una vez más subalternizadas por ese discurso.
Ese punto de vista, en todos aspectos, corresponde a una actualización del racismo republicano, mediante cual las elites criollas sometieron a los indígenas en los países andinos desde las Independencias. Lo dramático de ello, es que ese discurso sigue vigente en una parte importante de la oposición al oficialismo, cuyo desprecio frente a lo indígena se esconde bajo formas discursivas democráticas, igualitarias y liberales.
Ahora veamos cual es el segundo punto de vista, el del indigenismo radical, esta vez analizando al discurso de Sarela Paz Patiño, una socióloga boliviana, en el capitulo “Las autonomías indígenas en Bolivia” del segundo numero de la revista cochabambina “Subversiones”. Ella se enfoca en el tema de las autonomías indígenas, expresión más concreta de la plurinacionalidad en el nuevo Estado. Detrás del marco discursivo de la autonomía indígena están dos conceptos: el autogobierno y la autodeterminación.
El autogobierno corresponde a la necesidad de gobernarse si mismo según sus propias normas en su propio territorio, mientras que aquí la autodeterminación es el imperativo de incluir a las instancias de gobierno comunitario en la estructura de gobierno del Estado central, y supone la “restitución, la redefinición del poder político territorial, la modificación del Estado neocolonial y su dinámica institucional.”.
Esos dos ejes discursivos se encontraron separados a principios de los años 1990, cuando los originarios de la CIDOB (Central Indígena del Oriente Boliviano) iniciaron la resurrección del movimiento indígena. Solo se reivindicaba el derecho al autogobierno en sus territorios, porqué reivindicar la autodeterminación significaba, en palabras de los dirigentes de la CIDOB, meterse con el Estado central, algo que querían evitar. Los dos temas se unieron con el surgimiento de la CSUTCB, sindicato de indígenas y campesinas de las tierras altas, ahora principal organización social de Bolivia.
Con la llegada al poder de Evo Morales y el proceso constituyente de 2006-2007, la demanda de autonomía indígena se encontró al centro del debate político. La agenda ya no era solo que se respeten a los usos y costumbres políticos indígenas en los territorios comunitarios, sino también incluir a sus autoridades y formas de gobierno en la organización del Estado. Frente a la posición del gobierno, a favor de la autonomía indígena, se alzaron dos oposiciones diferentes.
La primera, de la CSUTCB (Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el principal sindicado indígena) y de muchos intelectuales de izquierda, que consideran al termino de “autonomía” como reduccionista y adaptado a minorías nacionales, pero los Aymaras y Quechuas no son minorías, son naciones, cada una de ellas consta con un tercio de la población total del país, por lo tanto lo más urgente es reordenar al Estado, antes de pensar en un sistema de autonomías. Las autonomías indígenas, por lo tanto, tienen que ser un nivel del gobierno, mientras en el sistema central están representados los pueblos originarios.
La segunda oposición, no necesariamente generalizada pero si muy fuerte, radica en la figura de la restitución planteada por el CONAMAQ (Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyu, la segunda organización indígena del país). El CONAMAQ busca restituir el Tawantinsuyu, no en el sentido de volver al imperio de los incas tal cual, sino más bien construir un marco estatal que corresponda al modo de vida de la mayoría de los bolivianos, un tejido complejo de partes étnicos que construyen vínculos de lealtad. Esa posición es, a fin de cuenta, una reivindicación de autodeterminación, de presencia en el Estado central de las instancias comunitarias de tal manera a compatibilizar su estructura con el estilo de vida indígena, demanda aun no suficientemente satisfecha por la NCPE. Pero también podría ser considerada como una forma de volver a la situación anterior, con esa vez una hegemonía indígena en vez de la hegemonía q’ara anterior.
Sarela Paz Patiño adscribe a esas dos críticas, a la cual añade una tercera. La nueva constitución toma en cuenta la necesidad de crear autonomías indígenas, pero lo hace con perfil bajo, sin responder a todas las demandas del movimiento indígena. Un ejemplo es la creación desde la base de entidades autónomas indígenas: “si la iniciativa entre territorios indígenas y municipios indígenas, apunta a formar una unidad autonómica y ampliar su nivel de gobierno, lo pueden hacer, si van a afectar jurisdicciones territoriales municipales, lo pueden hacer. […] Lo que no puede pasar, y en eso la Constitución aprobada es clarísima – la de Oruro (el borrador) no prescribía eso -, es que esa redefinición del ámbito de jurisdicción territorial no puede pasar el nivel departamental.” Por lo tanto, la restitución de territorio y poder a los indígenas solo se hace a nivel departamental, sin trastocar el nivel nacional. Eso impide a los indígenas constituirse verdaderamente como nación. Un ejemplo es el de los Guaranís. Viven en capitanías dispersas, y su deseo era constituirse en unidad de gobierno. Sus expectativas se ven ahora quebradas por la nueva Constitución.
Esas críticas al MAS por no haber respondido de manera suficientemente completa a las demandas de los sectores indígenas son ciertas, pero excesivas. Cuando el CONAMAQ reprocha al oficialismo de no haber instaurado un verdadero Estado comunitario al no incluir suficientemente la normativa indígena en las instituciones clave del Estado central, no toma en cuenta que ahora los indígenas participan masivamente en política, via el sistema de democracia liberal. Si el nuevo Estado boliviano es comunitario, no es tanto por su diseño institucional que por la presencia masiva del mundo comunitario en su seno, empezando por el primer mandatario. No entra la democracia participativa comunitaria en el Estado central pero si entran sus actores. De igual manera, esas críticas pueden ser matizadas por el hecho de que los mismos dirigentes del Estado no consideran la NCPE como un texto acabado o eterno. El mismo vice-presidente, Álvaro García Linera, no la considera como una norma definitiva sino más bien como “una Constitución de transición”. Eso significa que, a condición que los movimientos indígenas sean capaces de seguir movilizándose a favor del cambio y estructurándose por todo el país, otros cambios aun más favorables para el reconocimiento democrático de la diversidad plurinacional se podrían dar en el porvenir.
Al fin y al cabo, la cuestión del patriotismo constitucional en Bolivia queda medio irresuelta. El Estado plurinacional todavía queda por construir. En textos anteriores a su llegada al poder, Álvaro García Linera, principal ideólogo del MAS, abogaba por una autonomía total, sin ni siquiera un marco institucional defendiendo los derechos liberales básicos. Pero luego de eventos como el linchamiento de cuatro policías en el ayllu de Uncía, departamento de Potosí, en nombre de la justicia comunitaria, se hace cada vez más preciso garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, se puede considerar que, si el Estado boliviano no corresponde totalmente al Estado multicultural tal como lo concibe Habermas, por rechazar la idea de “neutralidad institucional” y por la creación interna de nuevas fronteras (algo hecho posible por la gran homogeneidad étnica y cultural existente en las zonas mayoritariamente indígenas), también tendrá que corresponderle en parte por la necesaria institucionalización de ciertos principios para todo el país, a fin de evitar que eventos como los de Uncía se reproduzcan.
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